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El blog de asesoresruiz-cabello

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SENTENCIA DEL TC SOBRE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

SENTENCIA DEL TC SOBRE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional modificando determinados preceptos del TRLHL en referencia a las plusvalías municipales cunado se acredita una pérdida patrimonial supondrá cambios en esta normativa con una previsible pérdida de recursos para los ayuntamientos que podría ser limitada si endurece algún requisito respecto a la primera sentencia.

 

 

La conocida como plusvalía municipal es un tributo que recaudan las entidades locales por el incremento del valor del terreno como consecuencia de una transmisión de un inmueble. La base de este impuesto es el IBI tomando como referencia el valor catastral del suelo correspondiente a un inmueble y que puede comprobarse en el propio recibo del Impuesto de Bienes Inmebles.

La reciente sentencia del TC que estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso – Administrativo número 3 de Donostia anula en caso de pérdida patrimonial por la transmisión determinados preceptos de la normativa foral, que al ser una copia de la normativa abre la posibilidad, si bien hacienda aclara que unicamente afecta a los contribuyentes de Guipúzcoa, lo lógico es que sus efectos se extiendan al resto del territorio español.

El argumento del alto tribunal es la ilegalidad de imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia patrimonial pues “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Por ello se abre un vía a poder reclamar o o no abonar este tributo cuyos fundamentos se resumen en la siguiente normativa:

  1. Ley General Tributaria en sus artículos 57, 90 (acuerdos previos de valoración de bienes inmuebles), 135 (Tasación Pericial Contradictoria) y 222 a 248 (Recurso de reposición y reclamación económica – administrativa).

  2. Real Decreto 1065/2007, que desarrolla los procedimientos de gestión e inspección, y las normas comunes en la aplicación de los tributos.

  3. Procedimiento de devolución de ingresos indebidos regulados en la LGT y el Reglamento General que desarrolla la LGT en materia de revisión en vía administrativa.

  4. RDL 2/2004, por el que se regula el TRLHL en su artículo 14 que desarrolla el recurso de reposición en el ámbito local.

  5. Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local que desarrolla en su artículo 137 para la resolución de reclamaciones económico – administrativas en los municipios de gran población.

Tras la primera sentencia, y en espera de que pueda dictarse otra, incluso limitando los efectos de la primera, dada la incidencia que tendría en los recursos de las entidades locales, en el caso de una transmisión futura es mas aconsejable ir a un procedimiento de valoración previa de inmuebles regulado en el artículo 90 de la LGT (no se puede recurrir la valoración pero si los actos que sean consecuencia de ésta) con un periodo de vinculación de tres meses a contar desde la notificación siempre y cuando se solicite antes de que termine el plazo de presentación de la liquidación o autoliquidación, y se haya suministrado información suficiente y con datos verdaderos.

En caso de no acudir al anterior procedimiento entra en juego la tasación pericial contradictoria. Veamos un ejemplo práctico tanto desde la perspectiva del comprador del inmuble como del vendedor.

A y B son dos particulares transmitiendo A el inmueble que adquirió por un precio de 350.000 €. A lo transmite por 260.000 € correspondiendo un valor fiscal (Valor catastral x coeficiente) de 310.000 € decidiendo ambas partes valorar la operación en escritura pública el precio de la operación.

A continuación la administración autonómica notifica a B liquidación complementaria por el Impuesto de ITP y AJD modalidad TPO.

COMPRADOR B

Previamente habrá recibido una notificación previa a ka liquidación provisional complementaria para que alegue l que estime oportuno. Tras dichas alegaciones la administración confirma la liquidación provisional con una base imponible de 310.00 €. El comprador tiene dos opciones:

  1. Iniciar el proceso de TPC en el plazo d 1 mes a contar desde la notificación de la liquidación provisional (plazo para interponer el recurso de reposición o la reclamación económico – administrativa).

  2. Interponer recurso o reclamación con reserva de la TPC.

En ambos casos se suspende la ejecución de la liquidación provisional, siendo el plazo de inicio de la TPC en el segundo caso a contar desde la fecha en que adquiera firmeza la resolución que resuelve el recurso o reclamación. Se interpone recurso de reposición ante el órgano que dictó la liquidación provisional confirmando dicho órgano, A continuación en el plazo de 1 mes a contar desde el siguiente a la notificación del la resolución del recurso interpone reclamación ante el TEAR regional en primera instancia con reserva de la TPC que confirma nuevamente la liquidación; En el plazo de un mes se interpone recuso de alzada ordinario ante el TEAC que resuelve ajustar la base imponible a 295.000 €.

El comprador aun no conforme decide iniciar la TPC. La fases son las siguientes:

  1. Se remite el expediente a los servicios técnicos para que emitan en el plazo de 15 su dictamen en hojas de aprecio por duplicado con la valoración realizada y los criterios y motivación de la misma.

  2. Se notifica al obligado la valoración que en este caso se ajusta a 290.000 €, para que designe un perito que en plazo de un mes emite hoja de aprecio con un una valoración de 265.000 €.

  3. Tenemos desde el comienzo dos límites por los cuales la valoración mínima será de 260.000 (valor declarado por el obligado) y 290.000 (valor comprobado por la administración). Debemos ver si la diferencia de 25.000 € cumple dos requisitos.

  4. Por un lado el 10% de 265.000 es 26.000 €. Como 25.000 es inferior a 26.000 y 25.000 € también es inferior a 120.000, no hace falta designar perito tercero, siendo finalmente el valor de la base imponible de la liquidación de 265.000 €.

  5. Como inicialmente abonó el 8% de 260.000 € (20.800 €), solo tendrá que abonar la diferencia mas los correspondientes intereses de demora (400 € + intereses de demora).

VENDEDOR A

El vendedor podrá declarar en IRPF la pérdida patrimonial, pero tras las primera sentencia del TC podrá no abonar la denominada plusvalía municipal, que tiene en cuenta el valor catastral del suelo (en los recibos del IBI se puede obtener este dato) y su incremento de precio según los años de permanencia en el patrimonio del vendedor.

Si queremos evitar los intereses de demora se podría ingresar el importe del Impuesto que grava la plusvalía del terreno, y posteriormente mediante comunicación solicitar la devolución de ingresos indebidos regulados en los artículos 221 y 222 de la LGT, y artículos 130 a 137 del Real Decreto 1065/2007. Tenemos a nuestro favor el artículo 131.2 del RD 1065/2007 que estable la devolución de oficio si esta reconocida por la resolución de un recurso, reclamación, sentencia o cualquier otra resolución judicial.

Con la solicitud de devolución el principal efecto es abrir la vía administrativa que ya vimos anteriormente para el comprador, teniendo en cuenta las especialidades del régimen local en materia de recursos (artículo 14 TRLHL) y el órgano de resolución de reclamaciones económico – administrativas del artículo 137 de la Ley de Bases del Régimen Local para los grandes muncipios.

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