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El blog de asesoresruiz-cabello

En nuestro trataremos aquellos temas de actualidad que mas puedan interesar a las empresas

La modificación de la Ley de Tráfico. Un nuevo supuesto de indefensión

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La reforma de la Ley de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regulada en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuyo principal anuncio fue un endurecimiento de las sanciones por la conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas por encima de las tasas reglamentariamente establecidas, y en todo caso, conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y demas sustancias análogas con multas de 1.000 euros cuando se supere el doble de la tasa reglamentariamente establecida (artículo 12 del proyecto remitido al Senado el pasado 23 de diciembre), esconde otra modificación que reabre el debate del caracter preventor o recaudador de la citada reforma.

 

Dicha polémica modificación practicamente escondida y que hubiese podido pasar desapercibida esta en el artículo 13 del proyecto de modificación, el cual añade el párrafo d) al artículo 76 del RDL que regula los supuestos de exención por los cuales se podían notificar en un momento posterior al de realizar el hecho sancionable la correspondiente denuncia. En la normativa actual existen tres:

 

  1. Que la notificación deba realizarse en circunstancias en las que la detección del vehículo ponga en riesgo la circulación.
  2. Cuando la denuncia se formule con el vehículo estacionado sin estar presente el conductor.
  3. Que se tenga conocimiento del hecho sancionable por a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan identificar al vehículo.

Pues bien, la modificación prevista añade un nuevo supuesto, cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control del tráfico, y carezca de medios para la persecución del vehículo. Podemos observar que la propia redacción de este nuevo párrafo es tan general que practicamente cualquier hecho podría estar exento de notificación en el momento de producirse. Podemos considerar por tanto, que estamos ante una situación que deja en indefensión al conductor y que además consideramos va en contra de las propias garantías procedimentales reguladas tanto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en  el capítulo I del título IV " de la actividad de las Administraciones Públicas", y en los establecido en los artículos 77 y 78 del RDL 339/1990.

 

En el primer caso el artículo 42 de la Ley 30/1992 establece la obligación de resolver expresamente todos los procedimientos iniciados y su notificación a los interesados, debiendo notificar en un plazo máximo de 6 meses o de tres si en la normativa no se establece ninguno expresamente, contando desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados por la propia administración.

 

Respecto al RDL los artículos 77 y 78 establecen hasta tres vías diferentes de notificación al interesado, siendo la vía preferente mediante la Dirección Electrónica Vial (considerándose rechazada si no se accede a su contenido en el plazo de 10 días naturales), el domicilio indicado en el procedimiento, o e su defecto en el que conste en los Registros de la Dirección General de Tráfico, y si no se puede por estos dos medios finalmente se notificará en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) considerándose notificada la sanción pasados 20 días naturales desde la publicación en el TESTRA. Es por tanto facil comprender porque se podría producir una clara situación de indefensión pues si la denuncia no se notifica en el acto y llega posteriormente, posiblemente encontrar testigos o pruebas será muy dificil por no decir imposible quedando como unico testimonio el del agente que ademas tiene la presunción de veracidad.

 

La situación se complica aun mas si tenemos en cuenta que esta misma exención estaba ya incluida en la Ordenanza de Movilidad de Madrid del año 2010, siendo recurrida por la Automovilistas Europeos Asociados (AEA) al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual en marzo de 2012 dio la razón a los demandantes. Posteriormente la adminsitración recurrió al Tribunal Supremo estando en juego un total de 800.000 euros que el Ayuntamiento debería abonar si finalmente el Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

 

Por todos estos razonamietos confiemos en que finalmente en la modificación prevista el Gobierno tenga la cordura suficiente como para eliminar este supuesto de exención que desde luego es cuando menos bastante disparatado por no decir que roza el absurdo.

 

ASESORES RUIZ-CABELLO

antonio.ruiz@allianzmed.es

957 788 056 -620 833 035

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